- Análisis de la situación actual española con los ODS -

 

  - Análisis de la situación actual española con los ODS -

La administración española ha identificado y priorizado varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus políticas públicas y estrategias nacionales.

Estos ODS se alinean con los compromisos internacionales establecidos en la Agenda 2030 de la ONU y se reflejan en documentos clave como la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible y los Presupuestos Generales del Estado.

ODS prioritarios en la administración española

. ODS 1 - Fin de la pobreza: Mediante políticas de inclusión social y programas de ayuda a colectivos vulnerables

. ODS 2 - Hambre cero: A través de iniciativas en cooperación internacional y apoyo a la seguridad alimentaria.

. ODS 3 - Salud y bienestar: Enfocándose en la mejora de los sistemas de salud y la prevención de enfermedades.

. ODS 4 - Educación de calidad: Promoviendo la educación inclusiva y accesible para todos.

. ODS 5 - Igualdad de género: Implementando políticas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

. ODS 7 - Energía asequible y no contaminante: Impulsando la transición energética y el uso de energías renovables

. ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico: Fomentando el empleo de calidad y el desarrollo económico sostenible.

. ODS 10 - Reducción de las desigualdades: Trabajando para reducir las desigualdades dentro y entre los países.

. ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles: Desarrollando políticas urbanas sostenibles y resilientes.

. ODS 13 - Acción por el clima: Adoptando medidas para combatir el cambio climático y sus efectos.

. ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas: Fortaleciendo las instituciones y promoviendo sociedades pacíficas.

. ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos: Fomentando alianzas para el desarrollo sostenible

Estos ODS se integran en las políticas nacionales a través de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, que establece un marco para su implementación y seguimiento. Además, los Presupuestos Generales del Estado incluyen informes de alineamiento con los ODS, evaluando cómo las políticas y programas contribuyen a su consecución.

La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 sigue una estructura en la que se identifican un total de 8 retos país, frente a los que se plantean 8 políticas aceleradoras. Además, cada una de estas políticas especifica prioridades de actuación, articuladas siempre de acuerdo con el Plan de Recuperación.

Los retos del país planteados en la estrategia española son:

El Informe sobre el Desarrollo Sostenible en Europa 2025 (ESDR, por sus siglas en inglés), publicado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) de Naciones Unidas, destaca los retos persistentes que enfrentan los Estados Miembros de la Unión Europea y sus países asociados en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como algunas mejoras significativas en varios de ellos. Este informe, que evalúa el progreso de los ODS en 41 países europeos, subraya la necesidad de continuar reforzando su compromiso con la Agenda 2030 a nivel regional.

https://reds-sdsn.es/el-informe-europeo-de-desarrollo-sostenible-2025-propone-una-lista-de-prioridades-para-la-nueva-cupula-ue/

Si se compara con el informe del año 2024, España ha aumentado dos puestos en el índice y ahora se sitúa en la posición número 20. Este avance se debe a mejoras en:

. ODS 3 (Salud y Bienestar) Puesto 12 global, con una puntuación de 94,8 sobre 100.

. ODS 5 (Igualdad de Género) Puesto 9 global, con una puntuación de 86,5.

. ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante)

. ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) Puesto 20 global, con una puntuación de 78,3.

. ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura)

. ODS 10 (Reducción de las Desigualdades)

. ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) Puesto 12 global, con una puntuación de 97,5.

. ODS 17 (Alianzas para Lograr los Objetivos)

 Por el contrario, el país todavía enfrenta desafíos significativos en:

. ODS 2 (Hambre Cero)

. ODS 12 (Producción y Consumo Responsables)

. ODS 13 (Acción por el Clima)

. ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres).

Los resultados positivos en el ODS 10 sobre reducción de las desigualdades se ven reflejados en Índice «Leave No One Behind» (LNOB, por sus siglas en inglés), que mide las desigualdades dentro de los países en términos de oportunidades, bienestar, acceso y calidad de los servicios, donde España ocupa la posición número 12 por delante de países como Francia, Suiza, Portugal o Italia. Este ODS se podría considerar el más encaminado a cumplirse.

Ejemplos de algunos de los proyectos para cumplir los ODS podrían ser:

En 2025, España está avanzando hacia la implementación de una jornada laboral de 37,5 horas semanales, una medida que se alinea con el ODS 8, relativo al trabajo decente y el crecimiento económico. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, fomentar la conciliación laboral y personal, y aumentar la productividad.

El Gobierno español aprobó el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, beneficiando a aproximadamente 12,5 millones de trabajadores del sector privado. La medida, que no implica una reducción salarial, está diseñada para mejorar la productividad y reducir el absentismo laboral. 

También la nueva el 3 de abril de 2025 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025, publicada en el BOE el pasado 3 de enero. Esta nueva normativa introduce cambios clave en el ámbito laboral, como:

• Nuevas reglas sobre indemnizaciones por despido.
• Protección ampliada para trabajadores en permisos por cuidado familiar.
• Agilización de los procedimientos judiciales mediante conciliaciones más rápidas y el uso de la oralidad en las sentencias.

Y también el BOE ha publicado la Ley 2/2025, de 29 de abril, que modifica aspectos clave del Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con especial incidencia en la extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente.

La Ley 2/2025 modifica los artículos 48 y 49 del Estatuto de los Trabajadores, y el artículo 120 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Elimina la extinción automática del contrato tras una declaración de incapacidad permanente total o absoluta.

Este cambio responde a la jurisprudencia del TJUE (sentencia de 18 de enero de 2024, asunto C-631/22), que impone la obligación de valorar ajustes razonables antes de cesar a una persona trabajadora por esta causa. La reforma también incorpora el criterio de los tribunales españoles que han considerado nulas o improcedentes muchas de estas extinciones contractuales automáticas.

En cuanto al ODS 5, Igualdad de Género, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha aplaudido la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Pleno del Congreso de los Diputados.

La ministra ha hecho hincapié en el acuerdo alcanzado. “Los grandes consensos han ido imprescindibles para transformar la sociedad patriarcal y machista en una sociedad democrática, igualitaria y justa. Son acuerdos transformadores, encaminados a conseguir una sociedad más digna, más decente y coherente con los valores que inspiran nuestro orden político, jurídico y social”, ha insistido.

El Pacto de Estado amplía las medidas que incluía en 2017, de 290 a 462, e introduce nuevos ejes como son la violencia vicaria, la violencia económica y la digital. Además, se profundiza en otras formas de violencia contra las mujeres ya contempladas en el pacto anterior, como la violencia sexual o la trata con fines de explotación sexual. Y se presta especial atención a las mujeres rurales y a las mujeres con discapacidad.

Por otra parte, cuenta con un compromiso económico firme, un 50% más de dotación económica, hasta alcanzar los 1.500 millones de euros para los próximos cinco años de vigencia. De estos, 160 millones anuales se destinarán a las CCAA (un 60% más que en 2017); 100 millones anuales se destinarán a la Administración General del Estado (20 millones más que en 2017); 40 millones anuales para los ayuntamientos (un 50% más que en 2017) y se establecen nuevas medidas para reforzar la trazabilidad y el control de los fondos.

El Pacto también introduce medidas de reformas legislativas, así como la incorporación de más medidas encaminadas a una mejor y más eficaz coordinación en el proceso de atención a una víctima de violencia.